🔎 Consulta el Acuerdo de adecuación retributiva.

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Después de más de un año y medio de lucha, el 19 de marzo de 2026 finalmente CCOO rubricamos un acuerdo junto a otros sindicatos de la Mesa Sectorial con la Consejería en materia de adecuación retributiva. Y es importante que hagamos una valoración tanto del acuerdo como del proceso que nos ha traído hasta aquí, porque aún son muchas las reivindicaciones que tenemos sobre la mesa; y, sobre todo, porque, frente a la grandilocuencia con la que se está vendiendo el acuerdo por parte de la Consejería y de algunas organizaciones, conviene plantear el análisis de manera objetiva y sosegada. 

Ante todo, queremos señalar que el acuerdo de adecuación retributiva firmado es, ciertamente, el mejor acuerdo al que se podía llegar a fecha de hoy dadas las circunstancias, pero que es un acuerdo insuficiente, que se podría haber mejorado muchísimo más. ¿Y cuáles son esas circunstancias que hacen que tengamos que lamentar no haber logrado un acuerdo más beneficioso?

Pues bien, fundamentalmente, y ante todo, lo que ha condicionado buena parte del proceso de lucha y negociación ha sido la poca consistencia por parte de la mayoría de la Junta de Personal Docente a la hora de trazar la estrategia; no haber aprovechado en distintos momentos clave el elevado grado de movilización mostrado por el profesorado, escalando en la presión que se ejercía; y haber confiado, de facto, más en los relatos y en los juegos y tiempos parlamentarios que en las fuerzas organizadas de los trabajadores docentes de la educación pública, poniendo todo el peso en la lucha colectiva.

Podemos concretar. En el borrador que CCOO le presentamos a la Junta de Personal, la campaña por la adecuación salarial estaba calendarizada para que se resolviera en unos meses. Naturalmente, con los plazos de una campaña hay que tener cierta flexibilidad, pero muchos ejemplos, tanto a lo largo de la historia como en nuestros días, han demostrado que la táctica de alargar demasiado un conflicto sindical tiende a desgastar mucho más a la parte de la plantilla que a la de la empresa; en este caso, la Consejería. Y prueba de ello era el hecho de que numerosas voces lo expresaban en los claustros; no entendían las dilaciones injustificadas o, al menos, no suficientemente explicadas y comunicadas por la representación sindical.

Esa campaña que presentamos partía de unas pequeñas acciones iniciales de baja intensidad (sacarse fotos de apoyo a la campaña con un cartel en los centros, enviar correos electrónicos masivos a la Consejería, debatir y enviar comunicados que se refrendaran en los claustros…). Muchas de estas ideas sonarán familiares porque, efectivamente, se llevaron a cabo. Pero esas acciones estaban graduadas para ir encaminándose hacia movilizaciones más fuertes que permitieran, precisamente, doblar el brazo a la Consejería lo antes posible en caso de que no accediera a la reivindicación en un inicio: concentraciones, manifestaciones, huelga. Y es ahí, en la elección de esos métodos de lucha, donde ha radicado uno de los grandes elementos de tensión entre los diferentes sindicatos de la Junta, porque a la hora de ejecutarlos es cuando hemos encontrado reticencias, al salir a relucir diferencias de fondo entre organizaciones sindicales que son distintas.

Por nuestra parte, CCOO hemos insistido una y otra vez en que la táctica de alargar el conflicto era un error; que quien se desgasta no es la Consejería. Y, en vista del acuerdo alcanzado, el tiempo nos ha dado la razón. ¿Cuánto tiempo de incertidumbre, esfuerzos y –por qué no decirlo– sufrimiento habríamos ahorrado y cuán mejor acuerdo habríamos conseguido si, en lugar de espaciar tanto en el tiempo las convocatorias de huelga, las hubiéramos concentrado, haciendo una convocatoria contundente, tal y como veníamos reclamando? ¿Cuánto salario hemos perdido entre septiembre de 2024 –cuando planteaba inicialmente la campaña empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido– y septiembre de 2025 –cuando finalmente empezaremos a recuperarlo–? ¿Por qué dejar pasar ese preciado tiempo, acumulando pérdidas de poder adquisitivo mes tras mes? ¿Qué ganaba el profesorado al secuenciar las huelgas, dividiéndonos por cuerpos, algo que muchos docentes no entendían ni compartían? ¿En qué mejoraba la posición negociadora del profesorado retractarse y desconvocar los cinco días de huelga en octubre –tras 40 días con Silva desaparecido y varias huelgas de por medio– que la propia Junta de Personal había anunciado en agosto? ¿De qué servía dejar largos meses sin grandes acciones, más allá de escraches puntuales, entre las convocatorias?

En este sentido, insistimos, el tiempo nos ha dado la razón. Si, aun con la inconsistencia en la lucha que se ha mostrado en ocasiones desde las mayorías sindicales, la Consejería se ha visto obligada a firmar un acuerdo, se demuestra que el método efectivo habría sido luchar de manera unitaria y decidida desde mucho antes: habríamos llegado más lejos en nuestras reivindicaciones. Lo que venimos diciendo desde hace un año, vaya. Que la lucha sirve.

Y lo que es más grave. El punto al que se había llegado en las negociaciones dependía de las fuerzas que el profesorado logró reunir y que se manifestaba en todos los ámbitos: desde las opiniones en los claustros (y cabe reflexionar sobre la falta de paso acompasado, de conexión más estrecha con el estado de ánimo en los centros) a la participación en las manifestaciones y los grandes seguimientos de las convocatorias de huelga. Pero desde noviembre de 2025 la situación estaba estancada, y no caben medias tintas. Se había estancado porque la mayoría de la Junta de Personal no quiso aprovechar la fuerza reunida en la chispa que prendió en noviembre del 2024; porque tardó cuatro meses, a pesar de nuestra insistencia y de los motivos de peso (Silva insistía en que habría un total de cero euros de adecuación), en convocar un primer día de huelga; otro mes y medio más en convocar los dos siguientes; permitió que la lucha se enfriase al no aprovechar el final de curso y no quiso escalar al inicio del siguiente, convocando de nuevo solamente dos jornadas de huelga diferenciadas por etapas cuando no se había producido ningún avance realmente significativo desde julio… Y, cuando se acercó la fecha (octubre del 2025) en que por fin iríamos todos los docentes a una semana de huelgas, ¡decidió desconvocar y replicar las huelgas de dos días por etapas!

Y, desde entonces, una especie de calma chicha de esperar a ver cómo podíamos salir del entuerto, sin que la mayoría de la Junta de Personal accediera a convocar nuevas movilizaciones por la adecuación –como propusimos– desde noviembre, en todo un periodo en el que la cláusula Silva siguió firme encima de la mesa, se confirmó que no habría presupuestos para 2026 y, por tanto, las y los docentes encarábamos un nuevo año sin adecuación. ¿Por qué no seguir movilizándonos?

Así, por vacilaciones en la lucha y no por la validez de los postulados de confiar en los juegos parlamentarios, es como nos hemos hallado en una situación en la que, de repente, parecía que después de tanto luchar dependíamos de que el PRC tuviera interés en movilizar voto del profesorado, al echar sus cuentas en vista de las movilizaciones de 2025, y acordara unos presupuestos con el PP.

Dicho de otra manera: la táctica escogida de “dilatar el conflicto para desgastar al Gobierno” ha supuesto dos cosas: que se haya desgastado la movilización del profesorado, aprovechando la Consejería –“crecida” ante ese escenario– para acometer varios atropellos (la imposición del calendario escolar, el bloqueo a la reducción de ratios, el cambio unilateral del modelo de oposiciones); y acabar dependiendo de la aritmética parlamentaria para desbloquear con un acuerdo insuficiente un conflicto que, pocos meses antes, estaba mucho más en nuestras manos resolver alcanzando en mayor medida nuestras reivindicaciones.

En una plantilla de más de 8.000 trabajadores, existe, lógicamente, una amplia variedad de opiniones. Y unos se movilizan más que otros. Y no es sencillo tratar de recabar la opinión de todos y todas. Pero hay que intentarlo. Hay que intentar generar espacios de participación reales. Si no se hace, se corre el riesgo de desconexión entre la plantilla y sus representantes, en un contexto generalizado de cierta desafección por un lado y campañas antisindicales promovidas por los de siempre por el otro. Y para que los debates sean fructíferos y orientados directamente a la acción parece lógico que deben girar en torno a cuál es el mejor camino que seguir, más que sobre cuánto consenso existe entre la plantilla en el rechazo a una Consejería que durante año y medio se ha dedicado a minusvalorarla y ningunearla.

En el arduo camino en todo este conflicto, desde CCOO hemos propuesto en varias ocasiones organizar asambleas unitarias, convocadas por toda la Junta de Personal, para recabar la opinión de quien quisiera participar, incluido todo aquel que no estuviera sindicado. Lo hicimos en esos momentos clave en que surgieron discrepancias en el seno de la Junta acerca de cómo encarar los siguientes pasos en la hoja de ruta: en octubre, ante la preocupación de que la mayoría finalmente decidiera no mantener la convocatoria de cinco días con la que todos contaban en los centros; en noviembre, cuando debíamos recomponernos y analizar próximas medidas en vista de la poca disposición de la mayoría sindical a convocar nuevas movilizaciones en lo que quedaba de año; en marzo, para debatir y votar el preacuerdo alcanzado (planteamos la idea ya en octubre, ante un hipotético escenario de preacuerdo). En todas las ocasiones nos quedamos solos en la propuesta, y CCOO le dimos esa oportunidad a quien la quisiera.

Y el otro gran punto de fricción con los demás sindicatos de la Junta de Personal ha sido el proceso de negociación. Porque CCOO no compartíamos, y seguimos sin compartir, que la recuperación del poder adquisitivo perdido (y, esto es importante, se reclamaba una adecuación salarial, no un aumento) sea una reivindicación de máximos; para cualquier colectivo laboral, actualizar el salario al IPC debe ser una reivindicación de mínimos. Por eso no cabía hacer ofertas de rebaja , mucho menos cuando se hacían antes de las convocatorias de huelga, lo que demostraba que parecía pesar la urgencia por llegar a un acuerdo con tal de no tener que pasar por un proceso de huelga. Los motivos tras esas decisiones, que muchos docentes nos preguntaban cuando exponíamos críticamente la situación y defendíamos insistir en la reivindicación inicial, deberán explicarlo otras organizaciones.

Sirva un recordatorio para reforzar argumentalmente la insistencia de CCOO en la cantidad calculada al inicio y anunciada en la campaña; no por algo parecido a la «tozudez», sino por dignidad como trabajadores, casi. Con este acuerdo se recupera una parte del poder adquisitivo perdido, pero hablamos de que haber pasado más de una década y media sin movilizarnos por el salario supone que todo ese dinero no abonado no lo vamos a recuperar; pueden llegar a ser varios miles de euros para cada docente. Si en 2011 se congelaron 30 euros de un acuerdo firmado y no volvió a pagarse, y en la campaña no reivindicábamos esa cantidad retroactivamente, ¿cómo no mantenernos firmes en recuperar, al menos a partir de ahora, el total del poder adquisitivo perdido en ese tiempo?

En definitiva, si hay algo básico en el sindicalismo, como es el binomio presión-negociación, en la Junta de Personal ha habido fricciones precisamente en ambos ejes: porque, a nuestro juicio, y lo dijimos de manera reiterada, se podía dirigir mucho mejor la presión del profesorado y, ciertamente, se podía negociar mejor.

Pero, en última instancia, ¿a qué nos ha llevado todo esto? ¿Qué es lo que representa realmente este acuerdo?

Pues bien, en resumidas cuentas, se ha recuperado parcialmente el poder adquisitivo: concretamente, 180,23 € para el conjunto de las y los docentes (más los 19,23 € que aumenta el complemento de fomento a la formación de quienes no han cumplido ningún sexenio), que se irán incorporando a la nómina a lo largo de cuatro años, ajustados al IPC; frente a los 325,66 € que la propia Junta de Personal calculábamos que perdía mes a mes cada docente. Y, junto a ello, hay una actualización de las cantidades de los sexenios ligadas a un incremento del número de horas de formación exigida. Es decir, se partió de reivindicar no seguir perdiendo poder adquisitivo y de forma no condicionada, y se acabó con una recuperación parcial y un aumento (aunque ligero) de tareas como contraparte.

Quizás, tras todo lo expresado, viendo cuál ha sido la táctica de la mayoría, a nadie sorprenda que nos hayamos pasado 16 años sin unas movilizaciones serias para recuperar el poder adquisitivo; algo que, en el marco de las empresas privadas, con una organización sindical más combativa, se suele renegociar en periodos mucho más cortos de tiempo. Frente a lo que algunos pretenden imponer como lectura del conflicto (que el profesorado o el funcionariado son algo “diferente” al resto de trabajadores de la sociedad, o que los trabajadores docentes no podemos utilizar las herramientas que, claramente, le sirven al resto de la clase trabajadora), lo que ha quedado patente es que considerar al profesorado como una especie de rara avis que debe renunciar a los métodos de lucha tradicionales no tiene sentido. A modo de apunte final, para la reflexión: ¿podemos imaginar a dónde habríamos llegado sin una sola jornada de huelga, algo de lo que muchos no querían ni oír hablar al principio del conflicto? Aprendamos de la historia, de otros sectores que consiguieron mucho y a base de mucha lucha decidida y contundente, cuando hizo falta. Hay ejemplos de los que aprender, no hay por qué innovar.

Quedan todavía muchas reivindicaciones encima de la mesa, eso está claro. Pero también está claro que las posturas hoy por hoy mayoritarias de no confiar exclusivamente en la movilización y organización de la plantilla como principal herramienta para lograrlas no pueden seguir siendo mayoritarias por mucho tiempo si no queremos seguir esperando otra vez. Esperamos, de todo corazón, que este acuerdo sirva para que el conjunto del profesorado podamos sacar conclusiones sobre el tipo de sindicalismo que queremos; y, por qué no, para que surjan los debates oportunos en las diferentes organizaciones sindicales. Por el bien del profesorado y el resto de la clase trabajadora que depende de la enseñanza pública, y por el bien de la unidad sindical.