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Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria | 16 octubre 2024.

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Prueba de acceso a la universidad: incertidumbre, privatización y segregación

04/10/2024.

Prueba de acceso a la universidad: incertidumbre, privatización y segregación

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El pasado junio se publicó el Real Decreto 534/2024, que regulaba las características de la nueva selectividad. Posteriormente, según nos consta, los responsables universitarios de las diferentes comunidades acordaron reunirse para concretar estas indicaciones que, al no tener carácter básico, podían ser modificadas. A día de hoy, no hay información oficial sobre el resultado de esos acuerdos y en Cantabria no hay aún, ni siquiera, modelos de examen que puedan guiar a docentes y estudiantes de Bachillerato. Por ello, CCOO ya hemos escrito solicitando una reunión urgente con los responsables implicados de la Consejería de Educación de Cantabria con la voluntad de agilizar los plazos y acabar con la inseguridad que genera malestar entre alumnado, profesorado y familias y que impide un buen desarrollo del curso.

Pero aparte de que, una vez más, los responsables de Administración y universidad dilatan los plazos de manera injustificada, existen una serie de reflexiones sobre la PAU que consideramos necesario poner sobre la mesa.

A nuestra forma de ver, la selectividad, independientemente del nombre que tome o de su hipotético “carácter competencial” es un parche mal diseñado para un sistema educativo que se quiere mantener como un nicho de mercado en detrimento de los intereses de los hijos e hijas de la clase trabajadora y por ello, en última instancia, debería ser derogado.

Teniendo en cuenta que el alumnado pasa ya, al menos, doce cursos en el sistema educativo, no parece realmente necesaria ni pedagógica la realización de una nueva prueba final cuya nota condiciona el acceso a los estudios superiores. A lo largo de doce cursos el alumnado es evaluado de manera sistemática, por lo que no puede ser razonable decidir al menos, el 40% de su calificación en tres días. En este sentido, no tiene ninguna lógica pedagógica defender un modelo competencial durante todo el periodo de escolarización, utilizando instrumentos de evaluación variados, para acabar instaurando una prueba consistente en un único examen para cada materia.

Y es que, lejos de tener una intención educativa, la PAU no es nada más que la demostración explícita de que no hay voluntad de invertir en el sistema educativo público. Es, ante todo, una prueba segregadora en función de la clase social del alumnado. El único motivo para determinar una calificación final es segregar en la elección de los estudios contraviniendo, por cierto, el espíritu de que “lo importante es la evaluación y no la calificación”, tan cacareado por la Administración, pero jamás reflejado en recursos educativos. Se afronta así, en un contexto en el que convive un sistema público con uno privado, el problema de que la selectividad selecciona poco en función de criterios académicos y mucho en función de la clase social de pertenencia: si un alumno con ajustados recursos económicos no consigue la nota que necesita para sus estudios, quedará sin poder acceder a ellos; por el contrario, quien disponga de dinero suficiente podrá acceder a los estudios anhelados a través de las unidades universitarias privadas. El sesgo, por tanto, podrá tener una cierta correlación educativa (evidentemente, quien no sepa a duras penas podrá aprobar), pero no dejará de tener, en última instancia, un sesgo de clase social. El resumen es este: si tienes dinero, estudias lo que quieres; si no lo tienes, podrás acceder, ahí sí, en función de tu nota.

La PAU camufla, además, que el número de plazas en los diferentes estudios superiores no refleja los intereses del alumnado y de las familias trabajadoras, sino más bien los intereses de la iniciativa privada de los empresarios de la educación, que en muchos casos son grandes grupos empresariales y órdenes religiosas: estamos cansados de observar las presiones para la reducción de plazas en aquellos grados que no se consideran “rentables” y la creación de nichos de mercado privados en los que sí. De esta manera, se recortan plazas en las universidades y FP públicas –suprimiendo o no creando, de paso, los puestos de trabajo asociados-, mientras se refuerza la vergonzosa “colaboración público-privada”, que no es sino el desvío de fondos públicos a los intereses privados.

Igualmente, para la realización del examen se debe pagar una tasa, que, independientemente de su cantidad, no debe tener lugar en un sistema público, pues este ha de ser gratuito a todos los niveles.

Otro efecto nocivo de la existencia de la PAU es, sin lugar a dudas, la competición de los centros concertados y privados para que su alumnado tenga notas altas y pueda acceder a aquellos estudios que quiere, pues la dinámica de los propietarios de estos centros privados con concierto es considerar al alumnado como “cliente” y no como estudiante. Esto, en no pocos casos, se traduce en presiones al docente de concertada y privada, que de por sí tiene condiciones de trabajo poco favorables, para que la nota de sus alumnos sea mayor de la que su criterio profesional considera.

La PAU disimula, además, la nula inversión en atención a la diversidad. El acceso a la universidad debe estar guiada por un buen sistema de orientación académica y laboral y no por números clausus en las universidades. Dicho de otra manera, lo necesario no es excluir a una parte del alumnado en función de su nota, sino contratar más orientadores que permitan que nuestro alumnado llegue a Bachillerato y la FP superior sabiendo sus opciones académico-laborales y con un conocimiento de sí mismos suficiente para pensar hacia dónde quieren ir dirigiendo sus vidas. Además, los recursos de apoyo al alumnado, siempre escasos, son determinantes en el caso de la PAU: un alumno con dificultades en una materia tendrá muchas más posibilidades de obtener una calificación alta si su familia puede costearle unas clases de refuerzo que aquel alumnado que no disponga de esos recursos. La PAU, por tanto, además de los saberes básicos adquiridos y de las competencias desarrolladas, está reflejando en la calificación también los recursos económicos de las familias.

La selectividad, por tanto, no pretende “seleccionar al alumnado más adecuado” para cada grado universitario, sino adaptar el número de alumnos a la oferta educativa que el gobierno de turno está dispuesto a crear. Se trata, en definitiva, de la demostración tácita de la necesidad de que la clase trabajadora decidamos el sistema educativo que queremos. Aunque la PAU se presente falsamente como una prueba que homogeniza la evaluación del alumnado dotando de “justicia” al proceso de acceso a la universidad, lo cierto es que no se puede evaluar por igual a alumnado que no parte de las mismas condiciones de vida. No se puede acabar de un plumazo, mediante un examen, con la desigualdad social. No se puede mirar hacia otro lado ante la injusticia con la que el sistema educativo trata a los hijos e hijas de las familias trabajadoras.

Por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria reivindica ir dando pasos hacia la eliminación de la selectividad, ligando esta decisión a toda otra serie de medidas, entre las cuales, se encuentran estas:

a) La eliminación de los conciertos educativos y la reincorporación del alumnado a la enseñanza pública, dando solución laboral a todos los trabajadores de estos centros privados. El sistema educativo no debe ser un nicho de mercado.

b) La inversión en atención a la diversidad, incluyendo numerosas contrataciones de personal de Orientación y especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, desarrollando un sistema integrador en el que la formación académica y laboral se pueda realizar en profundidad, de tal manera que la elección del alumnado sea en función de criterios académicos y personales y no en función de sus posibilidades económicas.

c) Aumento de las becas y racionalización de los recursos en el desarrollo de grados universitarios, eliminando los números clausus y aumentando plazas.

d) Aumento de las plantillas universitarias públicas para atender a la demanda educativa real.

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Documentación asociada

Comunicado PAU